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LA PIPA DE MI ABUELO nº 17
¿Defendemos nuestros vinos?
Tres opiniones
Autor: Apeles R. Ortega
Todo el mundo dirá que sí, por supuesto, y es cierto
que todos los implicados se empeñan con mayor o menor acierto
en el progreso y en el prestigio de nuestros vinos y de nuestros
viticultores. Sin embargo, en las últimas semanas la prensa
de Tenerife ha reflejado una de esas polémicas entre políticos
que suelen enfrentar a quienes están en el gobierno y quienes
están en la oposición, que esta vez ha pretendido
dilucidar si la administración pública dedica los
esfuerzos y dineros suficientes a la viticultura de la isla.
La polémica se ha centrado en Tenerife y, de momento, no
alcanza al resto de Canarias. Sus cabezas visibles han sido el
consejero de Aguas y Agricultura del Cabildo, Alonso Arroyo, y
Gloria Gutiérrez, portavoz del PSOE en la misma corporación,
aunque no sea necesario citarlos porque es de conocimiento público
quienes gobiernan y quienes ejercen la oposición en la
isla que tiene cinco Denominaciones de Origen.
Estos últimos se indignan porque consideran “insuficiente”
el presupuesto dedicado a la “comercialización del
sector vitivinícola”, puesto en marcha a través
de unas bodegas comarcales “que ahora abandonan a su suerte”,
a pesar de que “todos sabemos que el problema principal
de nuestros vinos es la falta de comercialización”.
Y no les falta razón en el diagnóstico de que se
carece de una buena red comercial.
La oposición todavía llega más lejos: acusa
a quienes gobiernan de la deficiente comercialización del
vino, pues estima que “si tienen que enfrentarse a intereses
económicos de terceros, entre otros los que afectan al
sector importador, son incapaces de tomar medidas para fomentar
nuestros productos” y, por añadidura, “un año
más contemplamos como se posterga la creación del
Instituto Tecnológico del Vino, organismo que se encargaría
de centralizar y coordinar toda la planificación e investigación”.
Quienes gobiernan se defienden de estas acusaciones, que rechazan
enfurecidos. Afirman que el presupuesto de 2003 para la agricultura
en general se ha incrementado “en un 16 por ciento”
respecto al del año pasado, y que entre las partidas incluidas
destaca una inversión de 1,3 millones de euros “para
continuar con el desarrollo del Plan Insular Vitivinícola,
que contempla la ampliación y reforma de la Casa del Vino,
nuevas subvenciones para las bodegas comarcales y, como principal
novedad, la puesta en marcha del Laboratorio Vitivinícola
Insular”, que, señalan, centralizará y agilizará
el análisis de los vinos, con capacidad para tratar unas
500 muestras diarias.
Añaden que “nunca han dejado de lado” el mundo
vitivinícola y recuerdan que el año pasado organizaron
el I Certamen de Los Grandes Vinos de Tenerife, para “promocionar
sus bondades y especificidades”, y que en colaboración
con las cinco Denominaciones de Origen iniciaron una campaña
de divulgación que se continuará en este 2003.
Bienvenida sea esta polémica porque es bueno que quienes
están en el poder -en el gobierno o en la oposición-
se ocupen de los asuntos importantes, y el de los vinos lo es.
Ya he expuesto resumidamente sus opiniones y sólo resta
añadir la tercera a la que alude el título de esta
pipa: la mía, que tal vez contenga algún reproche
y no sea la más cualificada, pero tómenla ustedes
como la de un simple amante de los vinos.
Siempre me ha dado la impresión de que viticultores y políticos
confunden o intercambian sus funciones. Como es lógico,
los primeros ya se ocupan del cultivo de las viñas y de
la elaboración de los vinos, pero debieran también
preocuparse más de la comercialización, que en ocasiones
medio dejan en manos de los segundos. No afirmo que los políticos
sean malos agentes comerciales, sino que su labor como administradores
debiera centrarse en la eliminación de los obstáculos
que agobian a sus administrados y en lograr que sus cultivos les
sean rentables, que es una labor distinta y más apropiada
a las funciones de un gobernante. Y esto vale tanto para el vino
como para los plátanos, los tomates o las manufacturas.
Pongo el ejemplo de los viticultores de La Palma, donde la comercialización
de los caldos embotellados en las bodegas adscritas a su Consejo
Regulador ha aumentado un 11 por ciento, a pesar de lo mala que
fue la última vendimia en la isla. Como además tienen
un saludable grado de ambición, no quieren limitarse al
mercado palmero, que ya dominan, y en la actualidad estudian introducirse
en los de Gran Canaria y Tenerife, donde confían incrementar
sus ventas.
Los viticultores palmeros han actuado por iniciativa propia, sin
recurrir a unos políticos que, a mi juicio, debieran centrarse
en algo tan elemental como complicado en un lugar como Canarias,
en que los viticultores dispongan de suelo para las viñas,
pues la breve y fragmentada geografía del archipiélago
y su crecimiento demográfico constituyen una combinación
de circunstancias que hoy de-sencadena un problema cuya solución
es urgente: la escasez de suelo, de espacio vital, y cómo
ordenar y distribuir para los usos y necesidades imprescindibles
de la sociedad ese recurso cada día más menguado.
Se hace necesario que los políticos diluciden ya mismo,
que esa es su obligación, cuánto suelo se dedica
a la agricultura, cuánto a la construcción o a la
industria y cuánto a los parajes naturales, para que donde
crecen las viñas no se construya ni una urbanización
ni un campo de golf, para que en el suelo urbanizado no se instalen
industrias que causen molestias al vecindario y para que los espacios
naturales se conserven intactos y que como tales los disfruten
los que viven hoy y las generaciones venideras.
El suelo agrícola de Tenerife parece ser el más
perjudicado y el que más se bate en retirada en esta batalla
por el preciado espacio. Un ejemplo claro lo constituyen los tres
municipios que conforman la Denominación de Origen Valle
de La Orotava, que en los últimos veinte años han
perdido el 60 por ciento de sus tierras de cultivo.
Que los políticos se percaten de una buena vez de que Canarias
no cuenta en la actualidad con ninguna ley que delimite y proteja
su suelo rústico, destinando áreas de territorio
para exclusivo uso agrícola y favoreciendo la concentración,
recuperación y explotación racional y eficaz de
la empresa agraria, mejorando con ello la productividad y rentabilidad
de los cultivos. La carencia de una normativa de esas características
favorece la progresiva pérdida de los suelos agrícolas,
que ante la escasez de espacio que se padece en el archipiélago
se recalifican con suma facilidad en terrenos urbanizables para
construir viviendas -igual de escasas-, autopistas o complejos
turísticos para una industria del ocio que, paradójicamente,
ahora busca paisajes y entornos rurales auténticos.
De esta situación comienza a darse cuenta el habitante
de las medianías y cumbres rurales, al que en ocasiones
se ha acusado de ser el mayor depredador del medio ambiente por
su empeño en construir donde le venga en gana. Si uno se
da una vuelta por las comarcas vinícolas para echarse unos
vasitos y escucha las conversaciones de los parroquianos, podrá
observar que ya hay preocupación entre la gente por la
mengua del suelo agrario.
A principios de este mes almorzaba con Maica en El Llano de La
Matanza, en uno de esos establecimientos que ofrecen comida casera
y el vino de la familia. En la sobremesa oímos los comentarios
de un grupo que estaba cerca de nosotros, hablando con preocupación
de los cambios que apreciaban en esa zona. Un hombre de edad mediana,
con aspecto de venir de trabajar en sus campos, señalaba
que ya se estaba urbanizando en unos terrenos donde, a su juicio,
crecían los mejores viñedos del municipio. “Cada
vez hay más gente, y en algún sitio tienen que vivir”,
le dijeron. De su réplica podrían tomar nota los
políticos: “Eso es verdad, pero si no se hacen las
cosas con orden, pronto no podremos venir aquí a tomar
un vino”
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