|
LA PIPA DE MI ABUELO nº 16
Título: Vino, impuestos y lapas
Autor: Apeles R. Ortega
Hace un par de números hablamos con temor en Bodega Canaria
de la posible aplicación de un impuesto sobre el vino,
que se incrementaría poco a poco y convertiría en
artículo de lujo una bebida que forma parte de la tradición
cultural y de la gastronomía. Dijimos que habíamos
topado con Bruselas, pues el comisario europeo responsable de
la política fiscal de la Unión, Frits Bolkestein,
había propuesto que se le aplicará un tributo especial,
similar al que ya soporta la cerveza.
Pero con quien hemos topado ahora no es con Bruselas, sino con
nuestras autoridades tributarias, a pesar de que España
y otros países vinícolas se apresuraron a manifestar
su opinión en contra de la idea de Bolkestein. La culpa
la tiene, por irónico que parezca, una promesa electoral
que el Partido Popular ya ha anunciado que cumplirá: la
eliminación del Impuesto de Actividades Económicas
(IAE) para más de dos millones de contribuyentes, el 92
por ciento de quienes de lo pagan.
)Qué tiene esto que ver con el vino? Mucho. Como el IAE
representa alrededor del 10 por ciento de los ingresos de los
ayuntamientos, Hacienda ha aceptado compensarlos con la cesión,
a partir del 1 de enero de 2003 -ya mismo-, de todo o de una parte
-según el número de vecinos empadronados- Ade los
impuestos indirectos e impuestos sobre la cerveza, el vino y bebidas
fermentadas; productos intermedios; alcohol y bebidas derivadas;
hidrocarburos y labores de tabaco@.
Los ayuntamientos, al retener parte de lo que se recauda por estos
conceptos, tendrán un medio adicional de financiación
que reemplace la pérdida del IAE. Aunque al vino, de acuerdo
con la legislación comunitaria en vigor, se le aplica hasta
ahora un tipo cero, al contrario de lo que ocurre con la cerveza,
se le actualizará tal y como se contempla en la propuesta
del comisario europeo Bolkestein: de acuerdo con el incremento
que se ha registrado desde 1992 en el Indice de Precios de Consumo,
cifrado en un 25 por ciento entre los años 1993 y 2003.
Siempre ha sido más fácil aplicar un impuesto nuevo
que eliminar uno existente que ya cubre necesidades presupuestarias
y financieras de las administraciones públicas. Y cuando
la promesa electoral obliga a hacerlo con una figura tributaria
como el IAE, tan denostada por trabajadores autónomos,
pequeños empresarios y profesionales, para quienes es particularmente
gravosa, esas necesidades obligan a buscar un sustituto de lo
que se elimina.
Bonita trampa: se elimina un impuesto que no existe en el resto
de la Unión Europea y se sustituye por otro que no existía
aquí con la excusa de que lo ordena Bruselas. A ver cómo
le explican esto a Eladio y a Genaro, el primero propietario de
un viñedo de mediana extensión y de una bodega,
además de proveedor del segundo, a su vez propietario de
un bodegón en las medianías de la isla.
Eladio y Genaro pasaron agobios financieros y, cada uno por su
lado, estuvieron a punto de echar el cierre a sus negocios a causa
las pérdidas que les generó el IAE desde que comenzó
a aplicarse, en 1992, en coincidencia añadida con la crisis
económica que se atravesaba en esa época.
A la escasez de clientela que ocasionaron la crisis y el paro
de principios de los noventa a las bodegas, guachinches, bodegones,
ventas y restaurantes populares, Eladio y Genaro tuvieron que
añadir un impuesto que no se aplicaba sobre los beneficios
obtenidos, sino sobre la propia actividad económica, es
decir, que lo pagaban con independencia de que el negocio les
diera ganancias o pérdidas. Sus cuotas, además,
las abonaban sobre una tarifa que les cobraba por los metros cuadrados,
por los empleados que tenían -el colmo: un impuesto que
penaliza la creación de empleo-, por los kilowatios consumidos,
por el número de máquinas de hostelería,
por el número de barricas o depósitos metálicos
y por el número de mesas disponibles para los clientes.
Por si fuera poco, el ayuntamiento les aplicaba un coeficiente
de incremento.
Aunque en varias ocasiones Eladio y Genaro barajaron la posibilidad
del cierre, al final lograron sobrevivir durante unos años
en los que vieron como Hacienda rechazaba la petición de
los pequeños y medianos empresarios de que las cuotas del
IAE desgravaran en el IRPF, o como los ayuntamientos se negaban
a un recorte en el recargo municipal, como sí hicieron
los de Barcelona y Logroño en la península, y hasta
un gobierno regional, el de Galicia, que acordó una reducción
sustanciosa en su porcentaje de participación en el Impuesto
de Actividades Económicas.
Una época difícil, en la que además algunos
listos se aprovechaban del Régimen Específico de
Abastecimiento -un mecanismo comunitario de subvenciones para
garantizar en Canarias precios razonables en los artículos
de primera necesidad y materias primas, sin el sobrecoste de su
transporte a un lugar tan alejado como estas islas- para importar
barato un vino que luego hacían el engaño de vender
como Adel país@.
Lo dicho: a ver cómo le explican a Genaro y a tantos como
él que ahora se elimina el IAE que tanto los ahogó
para sustituirlo por un impuesto sobre el vino, que, inicialmente,
quedará fijado en una tasa de 13 euros y 92 céntimos
por hectolitro, lo que para el consumidor, en quien repercuten
siempre todos los gravámenes sobre el consumo, se traduciría
en un impacto de casi 10 euros por persona y año. Dicho
así no parece que 10 euros anuales signifiquen mucho para
un amante del vino, pero hablamos de un cálculo teórico
de los funcionarios de Bruselas y el temor a que la presión
tributaria se incremente paulatinamente tiene doble fundamento:
por un lado la experiencia general de los contribuyentes, y, por
otro, la necesidad de que la nueva figura tributaria recaude una
cantidad igual o similar a que se elimina. A Eladio y a Genaro
no les quedará más remedio que repercutir el coste
en sus clientes, incluso con riesgo de perder una parte de ellos,
como ya les ocurrió a principios de los noventa.
En la economía, además, hay pocos factores aislados.
Eladio y Genaro, y otros muchos como ellos, sólo son los
eslabones de una cadena engarzada en las ruralías insulares,
en la que están implicadas bodegas, guachinches, bodegones,
restaurantes populares, mariscadores de lapas, pescadores y criadores
de conejos, entre otros. Si se quiere favorecer a esta gente habría
que cumplir de verdad la promesa electoral de suprimir el IAE,
no sustituirlo. Sobre todo ahora, ya casi en el año 2003,
que se aprecian síntomas de que la crisis de principios
de los noventa puede volver y los apuros del pasado regresar.
Además de un repunte del desempleo, que siempre resta clientela
a cualquier tipo de negocio, en los medios rurales pueden observarse
dos indicadores económicos que son curiosos por su carácter
inusual, aunque tal vez sean más fiables que los usados
oficialmente para indicar hacia dónde evoluciona la economía.
Uno es el cartelito que ha comenzado a proliferar en pequeños
establecimientos comerciales de los pueblos: >Se arreglan medias
y pantys=. Hasta ahora, unas medias rotas o con una carrera terminaban
sin remedio arrojadas en la basura, pero muy mal debe de estar
la economía doméstica cuando se prefiere remendarlas,
al igual que se hacía en la España de los cincuenta.
El otro indicador tampoco es halagüeño respecto a
la salud del bolsillo de los ciudadanos: los bodegones, ventas,
guachinches y restaurantes populares vuelven a cerrar, como ya
les ocurrió hace diez años, porque la escasez de
clientela les quita rentabilidad e incluso les genera pérdidas.
A pesar de la calidad en cocina y vino de algunos que ya han puesto
el candado.
Estos establecimientos cerrados son el eslabón final de
esa cadena económica citada antes -de economía de
subsistencia, tal y como amenazan los tiempos-, en la que se ven
afectados los igualmente señalados pequeños vinateros,
bodegueros, mariscadores de lapas, pescadores y criadores de conejos.
Se trata de personas que tienen en estos negocios a sus clientes
principales y, en la mayoría de los casos, exclusivos.
Los mariscadores de lapas, además, suelen ser jóvenes
en paro que buscan algún ingreso a través de esta
actividad, que les suele reportar poco más de seis euros
el kilo. Con lo que cuesta reunir un kilo de lapas.
Y cuando se afronta un trabajo penoso e, incluso, peligroso, como
es el de mariscar lapas a cambio de tan solo seis euros el kilo,
pocas esperanzas deben tenerse de conseguir una ocupación
mejor remunerada. Tal vez por eso las jóvenes mariscadoras
prefieran remendar sus medias en vez de tirarlas a la basura cuando
se rompen.
Al comer un plato de lapas casi nadie piensa en lo que costó
recogerlas en las rocas batidas por mar, como alguna autoridad
tributaria tampoco parece percatarse de que aplicarle un impuesto
al vino también puede significar arrebatarle a Eladio,
a Genaro o al joven mariscador la mitad de su esfuerzo. Si muchos
de los que pagaban las cuotas del IAE se quejaban de que esta
figura impositiva no obedecía a una filosofía social,
sino a un simple ánimo recaudatorio -o extorsionador, que
decían los más radicales-, que al menos no ocurra
lo mismo con el impuesto sobre el vino.
|
